Sobreexplotación laboral por política salarial erronea

Francisco Medina

Acapulco, Gro.-La política salarial ha dejado en la pobreza a la gran mayoría de los trabajadores mexicanos en los últimos 20 años, así como condiciones laborales de sobreexplotación desmedida y el desconocimiento de los derechos laborales básicos, señaló Rodrigo Ramírez Justo, líder de la Federación de Trabajadores del Estado de Guerrero, en su participación en el foro de garantías Sociales en el marco de la Consulta Pública para la reforma del Estado, realizado en el este puerto.

Indicó que la teoría de que la única forma de generar empleos en el sector formal, es manteniendo los niveles de percepciones establecidos, a quedado sin sustento alguno, pues en México la mayor parte de los trabajadores están empobrecidos, pero las empresas tienen los porcentajes más altos del mundo de rentabilidad y plusvalía.

Lo anterior, dijo ha implicado la caída del 70 por ciento del poder adquisitivo de los salarios mínimos, luego entonces se necesitarían 30 años en recuperar el nivel de compra que tenía en los años 70.

Indicó que la premisa de que el alza de los salarios genera inflación está equivocada, pues finalmente a nivel macroeconómico se genera riqueza, pero las ganancias sólo son para los empresarios, no hay equidad en la distribución de la riqueza, el mercado interno permanece inmóvil, y “quienes consideran que el salario real, es fijado por el mercado económico, deberían de salir de su oficina y hacer un recorrido por las ciudades del territorio mexicano para advertir del grado de miseria que existe”.

Manifestó que por los bajos salarios se han tenido que incorporar más miembros de una familia a la fuerza productiva, se ha incrementado el número de niños y menores de edad al mercado laboral y se ha dado un incontrolable incremento del subempleo.

Rodrigo Ramírez Justo admitió que para nadie es desconocida la drástica caída del poder adquisitivo del salario mínimo en las dos décadas, es la remuneración que ha sufrido el más grave y drástico deterioro de toda América latina.

“La fijación del salario mínimo incumple totalmente el espíritu constitucionalista por el que fue creado, no obstante la Secretaría de Trabajo y la Comisión Nacional de salarios Mínimos, refieren, a que son muy pocos los trabajadores que perciben este sueldo en el país, representando el 26.6 por ciento del total nacional, es decir, uno de cada tres perciben menos de un salario mínimo por debajo de 48 pesos al día, apenas 4 dólares por ocho horas de trabajo, el país se encuentra entre los que más drásticamente han visto reducirse las remuneraciones salariales de toda América latina”, agregó.

Señaló que tal es el grado de deterioro de los salarios en el país que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) apunta que el sueldo por hora de un trabajador manufacturero equivale en México a 1.50 dólares en promedio, once veces por debajo de lo que gana el mismo obrero en Estados Unidos, o cinco veces menos que en Sudcorea, casi 300 por ciento inferior a los salarios industriales en Brasil y 100 por ciento menos que los que reciben los obreros argentinos.

Por tal motivo, Rodrigo Ramírez Justo a nombre de los trabajadores afiliados a la Federación de Trabajadores del Estado de Guerrero, propuso la eliminación de las tres zonas económicas del país y por consiguiente un solo salario mínimo nacional, para nivelar y resarcir en algo la pérdida histórica acumulada del poder adquisitivo.

Que las atribuciones de la CNSM pasen al Congreso de la Unión para que sean las cámaras delineen la política salarial.

Hay 12 millones de mexicanos sin agua

Francisco Medina

Acapulco, Gro.- Actualmente poco más de 12 millones de personas en nuestro país, no cuentan con suministro alguno de agua potable y 24 millones de mexicanos carecen de la infraestructura para saneamiento y drenaje, advirtieron los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PRI, PT, PVEM y Convergencia, así como los congresos locales de todo el país, en un declaración conjunta de la inclusión del derecho social al agua en el marco de la discusión de la Reforma del Estado.

Los legisladores reiteraron que el problema del agua no es de escasez sino de distribución y accesibilidad. Por lo que convocaron a todas las fuerzas políticas y a la sociedad en su conjunto a abrir la discusión, con toda seriedad y sensatez, a paradigmas como el de la equidad y accesibilidad.

“Estamos seguros que bajo el análisis y conclusiones de este enfoque podemos implementar nuevos patrones tecnológicos, y sobre todo, políticas públicas más justas en donde la exclusión no sea una constante y en plena concordancia con la firma del pacto Internacional de derechos Económicos y Sociales, lograr que el Estado reconozca y proteja al fin el derecho al acceso al agua a todos sus ciudadanos”.

Indicaron que estamos obligados a velar en México porque se garantice el derecho social al acceso al agua, el cual debe ser entendido como el derecho a todas las personas “a disponer de agua suficiente, salubre, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.

En el México de hoy, dijeron, mujeres y niñas de comunidades rurales, fundamentalmente indígenas, caminan decenas de kilómetros para acceder a una cubeta de agua y acarrearla a sus casas y muchas veces esta agua es insalubre, razón por la cual el índice de mortalidad infantil, sigue siendo preponderantemente notorio en los sectores más empobrecidos del país.

“Resulta entonces claro que, en primer término, el problema del agua es un problema de justicia social en la distribución, un problema de equidad y un problema de accesibilidad”.

Agregaron que poco más de 75 por ciento de los cuerpos de agua están contaminados, pos si fuera poco y agravando el problema, nuestro país, ocupa el cuarto lugar en el índice mundial de deforestación de bosques y selvas según la Organización de naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Señalaron que las actividades agrícolas y agroindustriales consumen el 75 por ciento del agua disponible y en ese consumo se desperdicia el 54 por ciento. Un quince por ciento adicional se destina a las actividades de carácter industrial por lo que el incremento del consumo humano individual no ejerce una significativa presión sobre la disponibilidad del recurso como falsamente se afirma.

“El acceso y la distribución equitativa del agua es un elemento fundamental para que en nuestro país un gran número de personas supere su situación de pobreza extrema y vulnerabilidad, ya que a pesar de que existe agua suficiente para el consumo doméstico, la agricultura y la propia industria, prevalece la desigualdad social en su distribución, generando un círculo perverso afectando a la población más pobre excluida de su acceso.

Por ello, los legisladores consideraron irrescindible y absolutamente necesario maniatar desde la Constitución, el diseño de políticas públicas que garanticen el derecho social al agua y que a su vez se garantice localidad y cantidad para el consumo humano y el aprovechamiento sustentable del recurso.

“El estado debe garantizar el abasto de agua no sólo de las actuales generaciones, sino también para las futuras, para lo cual debemos cumplir con las obligaciones a las que nos comprometimos, ya que cualquier violación, de una de estas obligaciones básicas, arrojaría la presunción irrefutable que como Estado estaríamos violando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU”.