• De acuerdo al Artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana del DF

• Se celebrará el próximo 27 de julio en la Ciudad de México

Dicha consulta tiene sustento legal pues el instrumento de participación ciudadana con el cual el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, pretende poner a consideración de los ciudadanos del Distrito Federal la reforma energética, se denomina “Consulta Ciudadana”, la cual no debe confundirse con la figuras del plebiscito, referéndum, iniciativa popular u otras.

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana, la Consulta Ciudadana es el instrumento a través del cual el Jefe de Gobierno, las instancias de la Administración Pública del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, la Asamblea Ciudadana y/o el Comité Ciudadano, por sí o en colaboración, someten a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas, foros, o cualquier otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal.

En esa misma ley se establece en su artículo 44 que los actores mencionados podrán convocar a Consulta Ciudadana, ya sea en lo particular o en conjunto, siempre y cuando la convocatoria se expedida por lo menos 7 días naturales antes de la fecha de su realización y se difunda en los lugares de mayor afluencia de habitantes, estableciendo lugar, fecha y modo de realización de la misma.

Por su parte, la fracción IV del Código Electoral señala que el Instituto Electoral del Distrito Federal tiene entre sus fines, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de la Asamblea Legislativa, al Jefe de Gobierno y a los jefes delegacionales; así como de los procedimientos de participación ciudadana.

El artículo 26 Constitucional en su tercer párrafo señala que “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación , instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo”.

José Luis Garay Islas

MEXICO.-Frente a los grandes dilemas que padecen los comunicadores, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria, llamó a la Cámara de Diputados a prevenir las agresiones a periodistas ante la proximidad del año electoral 2009, pues en los procesos electorales se agudizan los ataques a este gremio.

De tal manera que, al participar en la instalación del Consejo Consultivo de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, del cual la CDHDF forma parte junto a 35 organismos públicos, académicos y civiles del país, Álvarez Icaza Longoria advirtió sobre el incremento de la sensibilidad de los actores políticos en el periodo electoral, reflejándose en más ataques a informadores.

Por ello, reiteró su exhorto a esa Comisión Especial del Congreso de la Unión para evitar este fenómeno. “Lo decimos desde ahora, y en octubre ya empieza el año electoral, debe ser obligación de la Comisión no lamentar los próximos muertos, sino evitar que en el año electoral la agresión a los periodistas se incremente”, subrayó.

Asimismo, el Ombudsman capitalino atribuyó los ataques constantes y sistemáticos a las y los comunicadores en periodos electorales a la disputa por los cargos populares. “La Comisión Especial tiene que ser un activo para que los presidentes municipales, los diputados locales o federales, o autoridades de los distintos niveles de gobierno, no vean otra vez esa inercia”, apuntó.

Además, el Presidente de la CDHDF consideró indispensable prender los botones de alarma para evitar las agresiones, y recordó que al vulnerar los derechos de los periodistas se violenta a la sociedad en su conjunto.

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, que se celebra cada 7 de junio en México, Álvarez Icaza Longoria calificó como anormal y desesperante que cada año el Premio Nacional de Periodismo se inicie citando los nombres de los comunicadores asesinados, y además ya se otorguen reconocimientos posmortem.

“Perdónenme que lo diga así, pero qué tiene que pasar en este país para que la muerte de periodistas deje de ser normal”, sentenció. En la agenda internacional de los derechos humanos, dijo, México ocupa los primeros lugares en esta problemática por lo peligroso que resulta ya el ejercicio periodístico.

Señaló que el Estado Mexicano infringe de dos formas el derecho a la libertad de expresión: por acción y por omisión. “En algunos casos, y el eje tiene que ver desde la perspectiva de derechos humanos, hay actores federales, estatales y municipales que son activos violadores del derecho de la libertad de expresión y de algunos otros”, explicó.

Entre ello, el Ombudsman capitalino consideró grave que algunos comunicadores no investiguen temas considerados peligrosos, como los relacionados al crimen organizado, y criticó la inacción del Estado al no garantizar justicia. “El Estado abdica de su responsabilidad de justicia, y si ésta no funciona y no hay culpables de las agresiones, se cumple la amenaza, y la amenaza es eficaz y eficiente, y eso es una doble victimización: no sólo no hay justicia, sino que se abdica de la responsabilidad de la seguridad”, manifestó.

El Presidente de la CDHDF exhortó a impulsar una agenda legislativa en la cual no se permita la impunidad a quien agreda a las y a los periodistas, porque esa es la norma: impera la cultura de la impunidad. También, pidió regular los recursos públicos en materia de difusión, pues se utilizan como medio para facilitar o inhibir la comunicación, “ahoga o estrangula a medios de comunicación locales y propicia la fortaleza de los monopolios”.

Para concluir, se pronunció por revisar las inaceptables condiciones laborales de los trabajadores de los medios de comunicación. “Están todos por honorarios, por antigüedad, no tienen prestaciones y si tienen un accidente pocas veces se les respalda, inclusive si son amenazados tienen que contratar a sus propios abogados y tienen que enfrentar procesos legales con sus propios recursos”, finalizó.