EMILIO GODOY

MÉXICO, D.F., 14 de agosto (apro).- Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, un expolicía de Caminos y exinformante de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ganó una nueva batalla en su lucha legal por evitar su deportación a México, mientras que la investigación sobre las narcofosas en Ciudad Juárez, sobre las cuales él entregó información, y la detención de los involucrados en esos crímenes se encuentran estancadas en México.

La Corte de Apelaciones, compuesta por tres magistrados, del Octavo Circuito le enmendó la plana el pasado 4 de agosto al Comité de Apelaciones Migratorias, adscrito al Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés), por lo cual no puede, por ahora, regresar a Ramírez Peyro a México, donde estaría bajo la mira de miembros del cártel de Juárez o de policías al servicio de dicha organización criminal.

En su fallo de 21 páginas de extensión, identificado con el número 08-2657, del cual Proceso obtuvo una copia, dicho tribunal determinó que ese comité debe revisar nuevamente el expediente del exinformante, nacido en 1971, y quien permanece en una cárcel federal en Minnesota (centro de Estados Unidos).

La Corte de Apelaciones, integrada por los jueces Diana Murphy, Michael Melloy y Bobby Shepherd, consideró que el Comité de Apelaciones Migratorias no dimensionó adecuadamente las amenazas que penden sobre la vida de quien es conocido como Lalo o José Contreras, código secreto SA-913-EP –como lo identificaban en la ICE-- si regresa a México.

"Mi cliente y yo estamos muy contentos con el lenguaje fuerte que usó el Octavo Circuito para revertir la decisión del Comité de Apelaciones Migratorias. Es una gran victoria en el caso", dijo a Proceso, Jodilyn Goodwin, abogada de Lalo, en entrevista.

Ahora, el caso debe regresar a ese comité, el cual debe emitir una nueva decisión "consistente con el análisis en la decisión del Octavo Circuito", en palabras de Goodwin. Esto significa que la instancia del DHS debe tomar en cuenta la postura de la Corte de Apelaciones, pero puede determinar la deportación de Ramírez Peyro o bien su permanencia en Estados Unidos.

Si ese comité resuelve en contra, se da por descontado que Goodwin, radicada en la localidad texana de Harlingen, volverá a apelar.



Historia de violencia y corrupción

Lalo entró en el narcotráfico luego de abandonar, en 1995, la Policía Federal de Caminos y empezó a trabajar con un traficante llamado Jesús Beltrán, quien movía unas tres toneladas de cocaína mensualmente. La droga procedía de Colombia y entraba por el estado de Colima. Su labor fue la supervisión de la distribución del polvo en Guadalajara desde ese año y hasta 1998.

Fuerzas militares detuvieron el 15 de diciembre de 2006 en Guadalajara a Beltrán, cercano a Ignacio Coronel y el cártel de Sinaloa.



En 1998, Lalo empezó a moverse por la zona de Gómez Palacio, Durango, en donde conoció a Heriberto Santillán Tabares --quien por esa época fue reclutado por Arturo El Chaky Hernández para trabajar a las órdenes de Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, según el testimonio del exinformante, al cual Proceso tuvo acceso--, y el 12 de febrero de 2004, a Yuri Sergio Camarillo Martínez, agregado legal de la Procuraduría General de la República en Texas.

Dos años después, Santillán, quien era el número tres dentro del cártel de Juárez, detrás de Humberto Portillo, Sadam, y el propio Carrillo Fuentes, le envió su número telefónico en Ciudad Juárez a través de un mensajero. "Entonces le hablé por teléfono y nos vimos en Ciudad Juárez", contó Ramírez Peyro, quien así empezó a trabajar para él.

En 2000 se convirtió en informante de la ICE y de la Agencia Federal Antidrogas (DEA), al infiltrarse en el cártel de Vicente Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez.

El espionaje permitió el descubrimiento de las narcofosas, halladas por las autoridades mexicanas el 14 de enero de 2004 en una residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de las cuales exhumaron a 12 personas, cuya tortura, asesinato y sepultura atestiguó a manos de miembros del cártel de Juárez y de policías bajo su nómina.

Su doble tarea le mostró las entrañas corruptas de los sistemas de seguridad tanto en Estados Unidos como de México. En su testimonio del 11 de agosto de 2005 ante el juez de Inmigración Joseph R. Dierkes, Lalo reveló que la corrupción por el tráfico de drogas alcanzó en esta década altos niveles policíacos y gubernamentales en ambos países, y aseguró que el entonces presidente Vicente Fox y los hermanos de Marta Sahagún formaron parte de los tratos para proteger al cártel de Juárez (Proceso 1563).

El 8 de enero de 2004 fueron asesinados en ese lugar el ciudadano estadunidense Luis Padilla, Óscar Rodríguez y otro individuo no identificado, ejecuciones de las que, según Ramírez Peyro, la ICE sabía que iban a ocurrir.

En sus testimonios, el expolicía, quien dejó de ser informante el 12 de marzo de 2004, señaló que las autoridades estadunidenses permitieron que la matanza prosiguiera, a pesar de tener información de lo que sucedía en Ciudad Juárez (Proceso 1563).

Legalmente, la ICE y la DEA se encuentran bajo diferentes fuegos legales. Por un lado, figuran las acciones emprendidas por Lalo para evitar su deportación y, por otro, agentes sancionados o despedidos han demandado a esas agencias estadunidenses, como Raúl Bencomo, miembro de la ICE que tenía bajo su mando a Ramírez Peyro y que fue despedido el 10 de febrero de este año. Bencomo presentó una querella para su reinstalación.

Además, la familia de Padilla enjuició al gobierno de Estados Unidos por su supuesta complicidad en el crimen y procesos judiciales similares (Proceso 1581).

La labor de Ramírez Peyro llevó a la captura de medio centenar de narcotraficantes, como el caso de Santillán Tabares, quien fue condenado a 25 años de prisión en abril de 2005 por tráfico ilícito de drogas, pero no por los asesinatos en Ciudad Juárez.

El gobierno de Estados Unidos le pagó a Lalo unos 220 mil dólares por la información provista y le concedió inmunidad de cualquier acción penal en su contra por su participación en el narcotráfico. Además, trasladó a su familia a territorio estadunidense por razones de seguridad y se encuentra bajo resguardo especial en prisión, pues los registros del caso hablan de unos 45 presos en Estados Unidos que estarían interesados en atacarlo por su labor de informante.

Vía crucis judicial

El fallo de la Corte de Apelaciones es un capítulo de una disputa legal de más de cuatro años de duración. El permiso de residencia de Ramírez Peyro expiró el 14 de enero de 2005, tras de lo cual el DHS empezó el 9 de mayo de ese año el procedimiento para su deportación.

Un juez de inmigración concluyó el 11 de agosto de 2005 que Ramírez Peyro podía acogerse a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, vigente desde 1984. El DHS apeló y el Comité de Apelaciones Migratorias cambió el veredicto. Por ello, Lalo presentó una apelación ante la corte.

La Corte de Apelaciones falló el 23 de febrero de 2007 que debía proseguir el procedimiento de revisión de la decisión del comité.

Un juez de inmigración respaldó nuevamente el 11 de octubre de 2007 la postura de Lalo. El gobierno estadunidense apeló y el comité revirtió esa decisión el 9 de julio de 2008.